¿Existe una política energética en Chile?

Por Omar Iturrieta

Es Vox Populi que en nuestro país se pagan las tarifas más altas del mundo por la energía eléctrica que consumimos. Considerando las características geográficas de Chile, con sus enormes reservas hidrográficas que provienen desde la cordillera de Los Andes. Esta situación debería provocar algo de vergüenza y estupor en las autoridades pertinentes, de ayer y de hoy, porque este “record mundial” no es para alegrarse, o celebrarlo. Si hay alguna duda, basta con preguntarle a las familias de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, cuando, simplemente, no pueden pagar la cuenta de electricidad del mes.

El conflicto medioambiental creado a principios de año con la aprobación, tras una larga batalla legal, de la construcción de las cinco represas de Hidroaysen, en los ríos Baker y Pascua en Cohyaique, fue de proporciones mayúsculas, con la reacción de las organizaciones ecologistas, por un lado, y la firme determinación del Gobierno que se jugó “a concho” en su apoyo, por otro.

De ahí, que causa gran sorpresa en todos los ámbitos de la sociedad chilena, el escueto comunicado que entregó la semana pasada la compañía de generación eléctrica Colbún, donde su directorio resolvió «recomendar» la «suspensión indefinida» de la tramitación del megaproyecto Hidroaysén, afirmando que «no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad».

Por medio de un documento enviado a la Superintendencia de Valores y seguros (SVS), la compañía informó que tras la reunión de directorio celebrada la tarde del miércoles 30 de mayo, «se acordó recomendar en las instancias correspondientes de Hidroaysén S.A., la suspensión indefinida del ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión, que inyectaría la energía generada por las centrales que componen el proyecto al Sistema Interconectado Central (SIC)».

La línea de transmisión es la segunda etapa y clave del proyecto, para poder transportar la energía que generen las cinco represas en la región de Aysén. La misma compañía ha afirmado que no se iniciaría la construcción de las centrales, mientras no estuviera aprobada la línea de transmisión.

Según el documento enviado a la SVS, el directorio tuvo en consideración que «mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad».

«Será misión de los poderes ejecutivos y legislativos consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile», indica el documento.

Estos argumentos están en línea con lo señalado por el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén,Daniel Fernández, quien en entrevista con Reuters advirtió que la «incertidumbre» y falta de definición de las autoridades podría retrasar aún más el megaproyecto.

Ante la decisión de la empresa Colbún el Gobierno fue muy cauto y escueto. «Ésta es una decisión de una empresa privada». Con esta palabras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín dio a conocer su postura luego de la decisión de la empresa. En entrevista con Canal 13, el secretario de Estado afirmó que «no podemos descartar una energía limpia como la hidroeléctrica», y agregó que nuestro país tiene una institucionalidad energética «que ha permitido desarrollar una cantidad enorme de proyectos y de aprobar una cantidad enorme de proyectos que siguen adelante en este momento».

Con estos dichos, Larraín respondió a las razones que esgrimió Colbún para solicitar la suspensión de la iniciativa. Al día siguiente, la empresa aseguró que no insistirán en su construcción hasta que «no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere».

La Asociación Gremial de Generadoras de Chile (AGG) dio su opinión respecto a los desafíos que plantea al sector eléctrico la recomendación de Colbún de no presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la línea de transmisión del proyecto Hidroaysén. Al respecto, la entidad destacó que el proyecto para crear una carretera eléctrica en el país debe presentarse en forma «urgente» en el Congreso.

El gerente general de la AGG, René Muga, señaló que la recomendación de la generadora Colbún de suspender la tramitación de la línea de transmisión «refleja una preocupación por un debate que debiera ser más constructivo respecto de los desafíos energéticos del país y cómo éstos se deben enfrentar».

Consultado por la actitud del Gobierno en esta materia, el dirigente gremial destacó que «han presentado una estrategia nacional de energía que ahora tiene que bajarse a lo concreto».

«Entendemos que el tema de la carretera eléctrica es urgente y esperamos que lo más rápido posible se presente este proyecto para que podamos conocer cuál es la idea y cómo implementar este concepto», agregó.

Los senadores Carlos Cantero, independiente,  y Guido Girardi  del PPD, expusieron ante la polémica suscitada por la decisión de la empresa Colbún, respecto de la carencia en Chile de una política energética, que ello es fiel reflejo de lo que sucede en el país, a raíz de las poca importancia y visión que ha existido por años de los distintos gobiernos respecto del tema.

Cantero dijo al respecto que «si alguien cree que porque un subsecretario o un ministro tiene una idea, o incluso si el propio Presidente tiene claridad respecto de esto, y alguien pretende que porque las tiene es una política de Estado, quiero decir que eso es un soberano disparate. Las políticas de Estado son compartidas, tienen respaldo transversal, surgen del análisis, del debate, del diálogo colectivo y se deben materializar».

«Nuestro país carece de una política clara, altamente participativa, que cautele el bien común, donde esté en equilibrio el bien privado con el bien público. Tenemos una institucionalidad medioambiental que es un remedo. Es casi corrupción ideológica seguir sosteniendo que hay una institucionalidad mientras tenemos zonas que están altamente contaminadas, zonas donde la incidencia de cáncer llega al doble, como es el caso de Tocopilla», añadió el legislador.

Por su parte el senador Guido Girardi dijo que «lo que ha planteado la estructura directiva de Colbún es totalmente cierto, es decir, Chile no tiene una política energética y es fundamental que la tengamos… ¿por qué?, porque las empresas tienen intereses de corto plazo que definen ellas en base a su rentabilidad. Somos rehenes como sociedad de la lógica de las empresas, porque cuando hay una política nacional con instrumentos claros, permite generar incentivos para alinear los intereses del país con los de las empresas, pero como en la realidad las empresas tienen su propio mapa de ruta».

Finalizó con que «no hay una política energética y no es cierto lo que dice el subsecretario Del Campo de que sí existe, pues lo que hay es una política de las empresas. En Chile las políticas energéticas se resuelven en las oficinas de las empresas, no la define el país, ni tampoco el Congreso».

Organizaciones ecologistas opuestas a la edificación de centrales hidroeléctricas en la Región de Aysén celebraron  la decisión de Colbún, lo que en la práctica implica mantener en compás de espera a esa iniciativa energética.