Una medida correcta: Fin a Ley Reservada del Cobre

 Por Omar Iturrieta León

Para una mayoría considerable de chilenos, resultaba inapropiado que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran financiadas por una ley que les otorgaba el 10% de las ventas de nuestra principal riqueza minera, como es el cobre. A poco de hacerse del gobierno los militares, en 1973, la junta afina una ley que no era nueva, porque en 1958, Carlos Ibañez Del Campo creó una ley, específicamente, para la adquisición de armamento, con recursos provenientes de impuestos a la minería del cobre.

En esta ocasión la Junta Militar se auto-asigna recursos que ningún otro ministerio podía soñar. En una empresa como la Corporación del Cobre, Codelco, para cualquier chileno que sepa sumar y restar, no es lo mismo el 10% de las ganancias, que el 10% de las ventas, la diferencia es de muchos millones de dólares. Esto significó que durante el año 2011, las FF.AA. recibieron US$1.576 millones, de los cuales no se alcanzó a gastar todo, pasando el resto a una cuenta de ahorro de Defensa, mientras otros ministerios no tenían de donde sacar recursos para responder a las legítimas demandas de la población.

   En el año 2002, siendo ministra de Defensa, Michelle Bachelet, con la aprobación de la Contraloría, se logra convertir, el mínimo o piso, en el máximo o techo, de esos dineros provenientes del cobre. En el año 2009, siendo Presidenta de la República, Bachelet envió una reforma al parlamento para derogar la ley del cobre, sin éxito, por la falta de votos.

   Por estos días, se está discutiendo la aprobación en la Cámara de Diputados, de un proyecto que coloca fin a esta cuestionada ley del cobre, pretendiendo una nueva forma de financiamiento para las FF.AA., y ante el cual se han producido algunas discrepancias entre el oficialismo y la oposición.

   El proyecto enviado, con “discusión inmediata”, por parte del Presidente de la República propone poner fin al amarre de Codelco para financiar las compras militares, y lo reemplaza por un presupuesto que el Congreso debe fijar cada cuatro años, partiendo con un monto fijo o piso, que según el ministro de Defensa Andrés Allamand debería ser el 70% del promedio de gastos de los últimos 10 años.

   Este piso es el que ha recibido las mayores críticas de la oposición, específicamente del PPD. El diputado Jorge Burgos de la DC, planteó que la Contraloría debía ser el ente supervisor de esos gastos. Por su parte Carlos Montes del PS, reconoció que “hay avances, pero todavía hay algunos puntos de diferencia”.

   El viernes pasado, el ministro Allamand, consideró pertinente ingresar varias indicaciones al proyecto, entre ellas que el piso tuviese un carácter transitorio y pudiese ser reducido al inicio de un mandato por el respectivo Presidente, oferta que fue recibida con interés por la oposición, pero que de todas formas debía ser discutida en las respectivas bancadas.

   Sin duda, lo más importante por estos días es sepultar para siempre esta ley del cobre, que tenía en una situación privilegiada a las FF.AA., en desmedro de otras áreas como salud, educación, vivienda, cuyos recursos eran insignificantes e insuficientes para sus necesidades respectivas. Por otra parte este privilegio auto asignado “era un elemento que ponía en duda la superioridad política respecto de los militares”, dijo el diputado Burgos.

   Con la fijación de ese piso, la situación privilegiada de las FF.AA. no cambiaría mucho, porque sus ingresos no sufrirán cambios cuantitativos; sólo cambia la vía de ingreso, pero no los montos que requieren. Además, hoy no existe un ministerio en Chile cuyo presupuesto tenga un piso fijo, y este privilegio la opinión pública lo detecta.

   Como lo ha planteado el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg “este es un proyecto de interés nacional, por eso hemos estado buscando puntos de acercamiento. Valoramos el esfuerzo de gobierno y oposición”. Pero este esfuerzo debe redundar en soluciones que no dejen fisuras, ni generen rencores entre chilenos. Las riquezas de nuestro suelo, que maneja el gobierno, deben ser compartidas en forma igualitaria entre todos los ciudadanos, no puede ni debe existir una diferencia entre las necesidades de civiles y militares, al menos en tiempo de paz. Es demasiado grande la brecha entre pobres y ricos en este país, para que una nueva ley agudice esas diferencias. El gobierno debe hacer lo imposible para acortarlas.

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